Por sus decisiones autorizando la destrucción de viviendas palestinas, el Tribunal Supremo de Israel valida la política de colonización de Cisjordania por parte de las autoridades israelíes. Esta es la opinión de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.
El Tribunal Supremo israelí apoya la política de planificación territorial de Israel en Cisjordania, según abogados de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.
En un informe publicado el miércoles titulado "Falsa justicia: la responsabilidad que la Corte Suprema asuma por la demolición de viviendas palestinas y la desposesión de los palestinos", recuerdan que en "miles de órdenes y decisiones" esta institución ha dado la razón a las autoridades israelíes al permitir la demolición de viviendas palestinas.
Una de las últimas decisiones sobre este tema se remonta al pasado mes de septiembre, cuando el Tribunal Supremo israelí dictaminó que no había "obstáculos legales" para la destrucción de edificios en la aldea palestina de Khan al-Ahmar, en Cisjordania.
Según B'Tselem, la principal justificación del Tribunal es la ausencia de un permiso de construcción para estos edificios. De hecho, muchos palestinos corren el riesgo de construir sus casas sin permiso, ante la negativa de la Administración Civil a concedérselos. Según el informe, entre 2000 y 2016, sólo se aceptaron 226 de las 5.475 solicitudes de permisos de construcción presentadas por palestinos en Cisjordania.
"En cada caso, la Corte ha aceptado inmediatamente la posición del Estado, según la cual una construcción palestina en este lugar es ilegal y debe ser demolida", afirma.
Al mismo tiempo, como indican los autores del informe, las construcciones en las colonias de Israelíes están ampliamente autorizadas.
"Cualquier comparación entre las construcciones en las colonias y las construcciones palestinas es, por definición, desprovista de pertinencia. El Estado realiza esfuerzos considerables para facilitar las construcciones en las colonias, toma la iniciativa, los valida, planifica y financia. Ofrece una amplia gama de incentivos y bonos para animar a los ciudadanos a establecerse en las colonias", dice B'Tselem.
Los autores del informe creen que, aunque no es la Corte Suprema la que adopta las leyes, desarrolla la política y la implementa, es responsable de "juzgar la política de Israel como ilegal".
Ellos [los jueces, sin embargo,] han decidido repetidamente dar su aprobación y validarla abiertamente", concluyen acusando a la Corte de "cimentar la ocupación israelí".
La continuación de la colonización en Cisjordania y Jerusalén-Este, donde viven actualmente más de 600.000 israelíes, se considera como el principal obstáculo para el proceso de paz con los palestinos. Ven en ello una política de consolidación de las posiciones del Estado hebreo en los territorios conquistados por Israel hace más de medio siglo.
Original:sputniknews
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