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El problema de la vivienda en España se ha convertido en una de las principales emergencias sociales y políticas del país. Esta crisis estructural se caracteriza por una brecha extrema entre el encarecimiento de los inmuebles y el estancamiento de los salarios, lo que expulsa a miles de familias y jóvenes del mercado.
Déficits habitacional, escasez de suelo y trabas burocráticas:
España arrastra una falta histórica de viviendas suficientes frente a un ritmo acelerado de creación de nuevos hogares (impulsado por la inmigración y cambios demográficos) y la rigidez del desarrollo urbanístico, la lentitud en la concesión de licencias y la falta de suelo finalista limitan drásticamente la nueva edificación.
Por otra parte, los precios del alquiler han acumulado alzas históricas, y las previsiones para la compraventa siguen estimando incrementos constantes debido a la escasez estructural.
Asimismo, en zonas costeras y grandes urbes, la proliferación del alquiler vacacional y residencial turístico reduce el parque de viviendas disponible para la población local y el parque de vivienda pública en España apenas representa entre el 1,5% y el 1,7% del total residencial, una cifra anecdótica comparada con la media de la Unión Europea, que ronda el 7,1%, lo que imposibilita amortiguar los precios mediante vivienda social.
Como consecuencia, casi el 70% de los menores de 34 años se ven obligados a seguir viviendo con sus padres debido a la falta de accesibilidad económica.
Al mismo tiempo, se experimenta un alarmante incremento de procedimientos de embargo por impago de hipotecas, sumado a la presión de miles de contratos de alquiler que vencen sucesivamente, amenazando con subidas masivas de precios y más desahucios por impagos y los colectivos vulnerables, como la población inmigrante y jóvenes con salarios precarios, tienen que recurrir al régimen de habitaciones compartidas o pisos sobreocupados.
¿Se está gestando un nuevo 15M?
El dramático desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada en camilla en el madrileño barrio de Retiro, ha reavivado con fuerza el debate social en España, despertando comparaciones con el clima que dio origen al movimiento 15M.
Así, la crudeza de las imágenes y el hecho de que la afectada tuviera una discapacidad del 50% han provocado protestas inmediatas en más de 16 ciudades españolas bajo el lema «Por todas las Maricarmen». Esto refleja un malestar transversal que supera el activismo vecinal tradicional.
Asimismo, seria el símbolo de una crisis estructural pues al igual que los desahucios hipotecarios fueron el motor del descontento en 2011, la pérdida de viviendas por el incremento de los precios del alquiler y la presión de los fondos inmobiliarios se percibe hoy como el principal problema social de una generación.
Las protestas actuales muestran un componente del espíritu del 15M: el reproche a la inacción institucional. Los manifestantes y colectivos dirigen sus críticas tanto al Gobierno central (PSOE-Sumar) por la falta de protección legal definitiva, como a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (PP), diluyendo las diferencias partidistas bajo el lema de que las instituciones han fallado en garantizar un derecho fundamental.
A diferencia del 15M, que nació de forma más espontánea y difusa, la respuesta al caso de Maricarmen está siendo canalizada por organizaciones ya consolidadas y articuladas, como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y la PAH, lo que dota al movimiento de una estrategia y demandas legislativas muy concretas desde el primer momento.
La magnitud de las próximas convocatorias, como la gran manifestación estatal programada en Madrid, determinará si este caso se convierte en el detonante de una movilización ciudadana sostenida de dimensiones históricas.
¿Puede surgir un tsunami renovador en la política?
El malestar social por el precio de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el colapso de la sanidad y la educación publicas son motores históricos que suele agitar el tablero político, pues la historia reciente demuestra que la indignación social tiene la capacidad de transformar los liderazgos.
Así, estas crisis estructurales podrían de nuevo provocar una nueva ola de movilización popular que desborde a los partidos actuales pues el cambio real no vendrá de los partidos vigentes, sino de movimientos sociales enfocados en la acción directa pues la historia reciente demuestra que la indignación social tiene la capacidad de transformar los liderazgos.
Su enfoque será desplazar el foco de los parlamentos hacia la calle, priorizando la soberanía de movimientos vecinales y el sindicalismo de vivienda con planteamientos de máximos que desafían el marco constitucional tradicional, como las propuestas de expropiación habitacional frente a crisis de desahucios, impagos o el control estricto de precios.
Asimismo, dicho movimiento se organizará en estructuras horizontales que rechazan las lógicas de colocación de cargos públicos («pesebrismo»), buscando evitar la «domesticación» que suelen sufrir las fuerzas díscolas al entrar en coaliciones de gobierno con partidos tradicionales.Si este ciclo de crisis socioeconómica culminará en el nacimiento de una fuerza alternativa que sustituya a la izquierda actual y logre exitosamente institucionalizarse para gestionar el poder o si los partidos vigentes lograrán absorber la protesta , es una de las grandes incógnitas del futuro político del país hasta el 2030.
German Gorraiz López
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