Tres reflexiones sobre la crisis en Ceuta y Melilla

Publié par Contra información sur 3 Août 2026, 16:28pm

La solidaridad vacía de la UE y un sistema jurídico que equipara las fronteras con vallas dejan a Europa desprotegida.

Finales de julio de 2026. De repente, unos 50.000 marroquíes —a quienes la prensa denominará «migrantes»— llegan en masa a las ciudades de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en Marruecos, vestigios del colonialismo. Estalla una crisis. Toda la Unión Europea se alarma; Italia suspende el Acuerdo de Schengen; y se produce un tira y afloja entre España, Marruecos e Israel. El incidente se convierte en un asunto internacional. Reflexionemos sobre tres aspectos cruciales de lo sucedido, mientras la crisis aún se desarrolla.

Punto uno: Migración y descolonización

Comencemos por analizar detenidamente lo sucedido. Para reiterar: aproximadamente 50.000 marroquíes llegaron repentinamente a Ceuta y Melilla, transportados en camiones escoltados por la policía marroquí.

Ahora leámoslo de nuevo.

Un número tan elevado de personas no se desplaza «de repente», ni por casualidad, ni sin coordinación. Pensar que se reunieron por una extraña coincidencia del destino es una auténtica locura. La migración no tiene nada que ver con esto.

La inmigración es un fenómeno impulsado por el capital. Criticar la base sin criticar la superestructura es un error objetivo que ya no puede disimularse tras los discursos occidentales dominantes. Los fenómenos migratorios modernos no se deben a un simple deseo de mudarse o buscar condiciones de vida diferentes; son el resultado de una causa muy específica: la dominación capitalista liberal, que prevalece en Occidente y ha creado condiciones insostenibles en muchos países de lo que antes se denominaba el «Tercer Mundo», con el fin de construir su propio mundo consumista, narcisista y perverso.

Podríamos pasar horas discutiendo este tema, pero vayamos al grano. Ceuta es un enclave español en el continente africano. Para llegar a la España peninsular, los migrantes deben cruzar el Estrecho de Gibraltar, sortear los controles de seguridad y abordar un ferry. Por lo tanto, existe un lapso de tiempo que debemos considerar para validar las afirmaciones de ciertos comentaristas de medios alternativos que hablaron de una «invasión europea».

El hecho de que España aún conserve enclaves debería ser objeto de debate ante el Consejo de los 24 y el Consejo de los 4 de las Naciones Unidas, donde la descolonización de tierras y pueblos es una prioridad declarada de las organizaciones internacionales. Sin embargo, es evidente que este aspecto será ignorado por los medios de comunicación, así que centrémonos en la cuestión central.

Muchos citan como causa de esta “invasión” una reciente decisión del gobierno español de “otorgar la ciudadanía” a 500.000 extranjeros que entraron ilegalmente al país. Independientemente de la opinión que se tenga sobre esta decisión, debe quedar claro que no se trató de una concesión de ciudadanía, como se ha difundido ampliamente, sino de la expedición de permisos de residencia y trabajo de un año (el llamado proceso de “regularización”). Los permisos se otorgaron a personas que llevan años trabajando en España y no tienen antecedentes penales. El objetivo es, como siempre en estos casos, sacarlas del mercado laboral informal y así poder gravarlas.

La cuestión migratoria es fundamental para la desestabilización de Europa, especialmente cuando se entrelaza con la cuestión del islam. Se trata de una estrategia que Occidente ha empleado en numerosas ocasiones, una herramienta para someter a los pueblos a la ignorancia y la violencia. Ni la derecha —cada vez más violenta y exaltada— ni la izquierda liberal podrían continuar su eterna guerra en nombre del globalismo sin un tema tan poderoso, arriesgado y socialmente efectivo como la inmigración y la religión.

Es urgente comprender que se trata de una manipulación cuidadosamente orquestada y que no terminará pacíficamente a menos que se detenga a tiempo esta degeneración.

Unas palabras sobre Schengen. Ceuta tiene un estatus especial donde no se aplica el Acuerdo de Schengen. Italia fue el único país que cayó en la trampa en las primeras 24 horas de los hechos. El ministro de Asuntos Exteriores, Tajani, que nunca acierta, comentó rápidamente el incidente, incluso equivocándose geográficamente. Por supuesto, para el gobierno de Meloni —que ostenta el récord de inmigración a Italia— este momento sirvió como una oportunidad para recabar apoyo y buscar ayuda para las elecciones que se celebrarán en menos de un año, ocultando, en cambio, su vergonzosa complicidad al ayudar a criminales internacionales vinculados a la pandemia de COVID-19 y su reiterada traición al pacto electoral con el pueblo italiano.

Lo cierto es que Schengen beneficia a todos, y nadie tiene intención de ceder, sobre todo porque es imposible hacerlo sin antes garantizar la soberanía y la autonomía en la toma de decisiones. Por lo tanto, cualquier declaración sensacionalista proveniente de Roma u otras capitales europeas es pura demagogia.

Punto dos: Guerra

La guerra que actualmente libran Estados Unidos e Irán suele ser descrita por los principales medios de comunicación como un choque entre la civilización occidental y el mundo islámico. Una parte importante de la opinión pública, sobre todo la asociada a la llamada derecha, parece aceptar esta narrativa sin reservas. En ella, los musulmanes son retratados como una masa indistinta: palestinos en Gaza, combatientes del ISIS, migrantes marroquíes que llegan a Ceuta y los Pasdaran iraníes se agrupan bajo la imagen de un mundo impulsado por una hostilidad fanática hacia el cristianismo y los sistemas democráticos occidentales. Una mezcla heterogénea de todo.

Sin embargo, tal descripción resulta profundamente engañosa y objetivamente incorrecta. Quienes proclaman la equivalencia entre «globalistas e islamistas» o bien han investigado poco o actúan de mala fe. El curso real del conflicto militar y la evolución de las relaciones culturales y religiosas ofrecen una perspectiva mucho más compleja. Irán ha lanzado ataques con misiles contra Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria, Arabia Saudita y Jordania, no por una elección arbitraria, sino porque estos países mantienen alianzas con Estados Unidos y albergan instalaciones militares estadounidenses involucradas en operaciones de combate. Contrariamente a la percepción generalizada en algunos sectores de la población, el mundo islámico no constituye un bloque político compacto ni homogéneo. Por el contrario, la división estratégica del mundo islámico ha sido una estrategia predilecta del Reino Unido, Francia y Estados Unidos durante décadas. Arremeter ahora contra los musulmanes invocando la amenaza del terrorismo y señalando con el dedo a grupos religiosos enteros es pura hipocresía.

Por el contrario, gran parte de las élites gobernantes de los países árabes han mantenido durante mucho tiempo sólidas relaciones estratégicas con Occidente. Además de los estados ya mencionados, Egipto, Libia, Túnez y Marruecos también forman parte, de diversas maneras, de la red de alianzas vinculadas a Estados Unidos. El propio monarca marroquí mantiene relaciones bien establecidas tanto con Washington como con Israel.

Los líderes de los países musulmanes, frecuentemente descritos en Occidente como dictadores o criminales —desde Muamar Gadafi hasta Bashar al-Asad, pasando por los ayatolás de la República Islámica de Irán—, estaban unidos por sus esfuerzos por preservar la autonomía política de sus respectivos estados, buscando crear condiciones económicas que permitieran a sus ciudadanos vivir y trabajar en sus propios países sin verse obligados a emigrar.

Desde una perspectiva europea, aún hay margen para evitar lo que corre el riesgo de convertirse en un nuevo y anacrónico conflicto religioso, una dirección hacia la que los acontecimientos actuales parecen conducir progresivamente.

Europa debería tener la determinación política de utilizar la influencia económica y diplomática que aún conserva para expresar una clara oposición tanto a las operaciones militares llevadas a cabo en la Franja de Gaza —que el autor define como genocidio— como a la intervención contra Irán. Al mismo tiempo, debería reconocer que, en ausencia de guerras o desastres naturales, la entrada irregular de decenas de miles de personas en el territorio de otro Estado no puede considerarse un fenómeno ordinario.

Creemos que las medidas de repatriación no serían particularmente difíciles de implementar desde un punto de vista operativo, pero —y este es el quid de la cuestión política— pondrían en entredicho algunos de los pilares sobre los que se fundamenta la actual estructura política de la Unión Europea: la sólida alianza estratégica con Estados Unidos, el supuesto apoyo incondicional a Israel y una postura a favor de políticas migratorias abiertas.

Por lo tanto, para las clases dirigentes europeas sería más fácil mantener relaciones de cooperación con el actual liderazgo sirio o con la monarquía marroquí que priorizar los intereses de las poblaciones de sus respectivos países.

Como señaló el analista geopolítico Daniele Perra, “Quien crea que lo que ocurre en los enclaves españoles del norte de África es un hecho espontáneo es, en el mejor de los casos, muy ingenuo. […] Además, no es la primera vez que España se enfrenta a este tipo de presión. Sin embargo, en este caso, la intención de desestabilizar al gobierno de Sánchez (sin duda criticable en muchos aspectos, pero “culpable” de no haberse doblegado completamente ante la voluntad de Trump y sus aliados respecto a Irán) parece evidente. En este sentido, cabe recordar también varias “investigaciones” de la justicia española que se coordinaron para coincidir con acontecimientos específicos, una práctica muy similar a la empleada también en Italia (no es casualidad que nosotros también nos viéramos envueltos en una guerra —la de Libia— cuyo objetivo principal era destruir los acuerdos de cooperación con ese país del norte de África y convertirlo en un agujero negro geopolítico en manos de bandas criminales). Huelga decir que, en Libia, Italia sufrió su peor derrota desde 1943, en parte gracias al gobierno de Berlusconi, que cayó poco después. Después, bajo la presión de las agencias de calificación. Pero esa es otra historia.

Y aquí reside un punto fundamental. España es demasiado antiisraelí y antiestadounidense para el gusto de los tecnócratas de Bruselas y sus amos. Marruecos forma parte de los Acuerdos de Abraham, mantiene una alianza estable con Washington y Tel Aviv y, aunque intenta cultivar relaciones multilaterales, sigue sometido a la influencia sionista. España es un país hacia el que el propio liderazgo estadounidense ha expresado repetidamente su disgusto y ha proferido amenazas.

Todo apunta a una correlación: España se niega a apoyar a Estados Unidos e Israel y se encuentra ante una especie de invasión que dura menos de 24 horas. Una operación psicológica de manual. Provocaron el problema, analizaron las reacciones y calibraron el siguiente ataque. La prueba funcionó. El verdadero problema es lo que viene después.

Al parecer, casi todos los migrantes dieron media vuelta durante la noche. Este es otro factor que refuerza la interpretación de los hechos como una provocación internacional cuidadosamente orquestada.

Punto tres: Derecho internacional

Ceuta, como ya se ha mencionado, es una ciudad española situada en la costa norte del continente africano, con vistas al estrecho de Gibraltar y frontera terrestre con Marruecos. No es colonia ni territorio sujeto a un régimen internacional especial, sino parte integrante del Reino de España, con estatus de ciudad autónoma en virtud de la Ley Orgánica 1/1995, promulgada en aplicación del artículo 144(b) de la Constitución española de 1978. Ceuta es, por tanto, territorio español y, al mismo tiempo, constituye una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, a pesar de estar ubicada geográficamente en África. Esta situación singular la convierte en un enclave constantemente expuesto tanto a la presión migratoria como a las tensiones diplomáticas con Marruecos.

En este contexto se dictó la Sentencia n.º 814/2026 de la Quinta Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español. Dicha sentencia estableció que el denominado rechazo en frontera , previsto en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica n.º 4/2000, no puede aplicarse a los extranjeros interceptados mientras intentan llegar a Ceuta o Melilla nadando. Según el Tribunal Supremo, la disposición se aplica exclusivamente a quienes son sorprendidos en el acto de cruzar las barreras físicas que marcan la frontera terrestre y no puede extenderse a los ingresos por mar.

Si bien es coherente con la redacción literal de la disposición, esta interpretación conduce a un resultado sistemáticamente irracional. El régimen jurídico aplicable a la entrada irregular no depende de la naturaleza de la conducta, la posición del individuo con respecto a la frontera ni la necesidad de garantizar la protección de la frontera exterior, sino más bien del medio utilizado para acceder al país. Quienes intenten escalar la valla pueden estar sujetos al procedimiento especial, mientras que quienes persigan el mismo objetivo cruzando el mar deben someterse al procedimiento ordinario. Esta distinción no refuerza la protección de los derechos fundamentales; por el contrario, termina fomentando el método de entrada más peligroso para la vida de las personas y más fácilmente explotado por organizaciones criminales.

El Tribunal Supremo se decantó por una interpretación estrictamente literal y topográfica de la ley, sin otorgar la debida importancia a la unidad funcional de la frontera de Ceuta. La frontera no se identifica exclusivamente con la valla, sino que abarca todo el espacio dentro del cual el Estado ejerce control sobre el acceso a su territorio. Limitar el concepto jurídico de frontera a la presencia de una barrera física implica confundir la frontera misma con los medios físicos establecidos para su vigilancia.

El tribunal podría haber desarrollado una interpretación sistemática más acorde con la intención del legislador, salvaguardando al mismo tiempo la identificación individual, la protección de los menores, la evaluación de la vulnerabilidad, el acceso a la protección internacional y la necesaria revisión judicial.

La responsabilidad principal, sin embargo, recae en el legislador español, que ha regulado una de las fronteras más sensibles y complejas de Europa mediante una disposición legal vaga y conceptualmente obsoleta. La Ley Orgánica n.º 4/2000, de hecho, trata la frontera como si coincidiera exclusivamente con barreras terrestres, pasando por alto el hecho evidente de que también pueden producirse entradas irregulares por mar. Un marco regulatorio construido en estos términos no garantiza la seguridad jurídica, no asegura una aplicación uniforme y obliga al poder judicial a elegir entre un enfoque formalista incapaz de responder a la realidad y una interpretación amplia que corre el riesgo de vulnerar el principio de legalidad.

No menos importante es la responsabilidad de la Unión Europea, que afirma administrar una frontera común mientras deja a los Estados miembros de primera entrada prácticamente solos en la gestión práctica del fenómeno.

El derecho de la UE exige la identificación individual, garantías procesales, acceso al asilo y la prohibición de las expulsiones colectivas, pero no proporciona a los Estados fronterizos procedimientos suficientemente rápidos, instalaciones adecuadas ni mecanismos de retorno verdaderamente eficaces. La UE sigue proclamando el principio de solidaridad, pero distribuye las cargas territoriales, administrativas y políticas derivadas de la gestión de los flujos migratorios de forma profundamente desequilibrada.

Ni siquiera el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo parece capaz de superar esta contradicción. Incrementa el número de procedimientos, clasificaciones y requisitos administrativos, sin transformar, sin embargo, la gestión de las fronteras exteriores en una competencia verdaderamente compartida. El llamado mecanismo de solidaridad corre así el riesgo de quedar reducido a una compensación financiera que permite a los Estados menos expuestos a los flujos migratorios evitar el reparto concreto de personas y responsabilidades.

El resultado es un sistema jurídico que regula la fase de llegada con extrema precisión, pero que sigue demostrando ser estructuralmente frágil tanto para prevenir entradas irregulares como para hacer cumplir eficazmente las devoluciones.

Lo que ocurre en Ceuta no puede atribuirse únicamente a la sentencia del Tribunal Supremo. Las causas son mucho más profundas e incluyen desequilibrios económicos entre Europa y África, inestabilidad política en numerosos países de origen, actividades de redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y el creciente uso de los flujos migratorios como instrumento de presión geopolítica.

El control de las salidas también depende en gran medida de la cooperación de Marruecos. Cualquier relajación de la vigilancia por parte de las autoridades marroquíes se traduce inmediatamente en un aumento de la presión migratoria en la frontera española, lo que demuestra la vulnerabilidad de una política europea que confía a terceros países una función esencial para su propia seguridad.

Por consiguiente, el Reino de España debería modificar la Ley Orgánica n.º 4/2000 para regular expresamente los cruces marítimos en las zonas de Ceuta y Melilla. La nueva legislación debería introducir procedimientos fronterizos rápidos e individualizados, sujetos a control judicial, garantizando al mismo tiempo que las salvaguardias fundamentales no se conviertan en un mecanismo capaz de impedir una decisión oportuna. Debe garantizarse la identificación de las personas, la protección de los menores, la evaluación de la vulnerabilidad y el acceso a la protección internacional, pero dentro de plazos estrictos y mediante estructuras adecuadamente organizadas.

Al mismo tiempo, la Unión Europea debería considerar la gestión de las fronteras exteriores como una responsabilidad verdaderamente compartida, reforzando el papel operativo de Frontex, introduciendo un sistema de redistribución obligatorio entre los Estados miembros, estandarizando los procedimientos fronterizos y estableciendo un auténtico sistema europeo de retorno.

Los acuerdos con los países de origen y tránsito deben ser transparentes, verificables y estar supeditados al respeto de los derechos fundamentales, sin seguir dependiendo de decisiones políticas discrecionales que comprometan su eficacia operativa.

Ceuta se erige hoy como símbolo del fracaso conjunto de la jurisprudencia, la legislación española y el sistema jurídico europeo. La sentencia ha transformado un vacío legal en una distinción operativa irracional; el derecho español ha equiparado la frontera con una simple valla; la Unión Europea ha impuesto obligaciones comunes sin dotarse de herramientas verdaderamente comunes.

Un Estado regido por el Estado de derecho no puede sacrificar la dignidad humana en nombre de la seguridad, ni puede utilizar la protección de los derechos fundamentales como justificación para su propia incapacidad de gestionar sus fronteras. Una frontera que carece de normas verdaderamente aplicables, decisiones oportunas y responsabilidades compartidas no es una frontera regida por la ley, sino una frontera a merced de la improvisación.

Una conclusión incómoda

Intentemos por un momento no fijarnos en el dedo, sino en la luna que hay detrás. Si asumimos —por razones de verosimilitud— que el «experimento de Ceuta» tuvo éxito, es evidente que se trata de un primer paso hacia una situación de emergencia generalizada, un estado de guerra «contra el enemigo» que justificará la adopción de regímenes especiales en nombre de la «seguridad».

Las élites europeas no pueden permitirse el lujo de ver colapsar su sistema de poder; Estados Unidos no tiene intención de abandonar la colonia europea, que es cada vez más indispensable para mantener viva la maquinaria consumista estadounidense; e Israel está deseando arrastrar al mundo a su guerra religiosa.

Lorenzo Maria Pacini

strategic-culture.su

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