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Asia Occidental está invirtiendo miles de millones en nubes locales e inteligencia artificial, pero las empresas extranjeras siguen controlando las plataformas y los marcos jurídicos que pueden convertir la infraestructura digital en una herramienta de influencia externa.
El 10 de junio de 2025, dos altos ejecutivos de Microsoft Francia comparecieron ante una comisión del Senado francés que investigaba la contratación pública y la soberanía digital.
La audiencia parecía rutinaria hasta que se planteó a Microsoft la pregunta clave.
¿Podía garantizar que los datos de los ciudadanos franceses, incluso cuando estuvieran alojados en Francia, nunca se transferirían a una autoridad extranjera sin el consentimiento del Gobierno francés?
Anton Carniaux, director de asuntos públicos y jurídicos de Microsoft Francia, dio una respuesta de seis palabras: «No, no puedo garantizarlo».
Esta admisión puso fin a años de discurso corporativo sobre «regiones de nube locales», «infraestructura de confianza» y «residencia de datos». Francia podía alojar los servidores, los ciudadanos franceses podían generar los datos y las instituciones francesas podían pagar por el servicio. Sin embargo, la autoridad última podría seguir ejerciéndose en otro lugar.
El Senado francés llegó a la conclusión de que Microsoft no podía garantizar la soberanía sobre los datos que alojaba. Ese intercambio puso de manifiesto una realidad global con profundas consecuencias para Asia Occidental: la ubicación física de los datos ya no coincide con su ubicación política.
El mapa que ocultan los servidores
La geografía tradicional enseña que el poder ocupa el territorio. El petróleo pertenece al Estado bajo cuyo suelo se encuentra. Los puertos están bajo la autoridad del país en cuya costa se construyen. Los oleoductos se rigen por las fronteras que cruzan.
Los datos siguen una geografía diferente.
Un historial médico puede crearse en Riad, almacenarse en Baréin, procesarse mediante un algoritmo entrenado en EE. UU. y gestionarse a través de una filial europea. ¿Qué país lo controla realmente?
La respuesta convencional es que los datos pertenecen a la persona, la empresa o el gobierno que los generó. En la práctica, la propiedad importa menos que el control. El poder real recae en quienes son capaces de acceder a los datos, procesarlos, transferirlos, restringirlos u obligar legalmente a su divulgación.
El Departamento de Justicia de EE. UU. expone claramente este principio. En virtud de la Ley CLOUD, se puede exigir a los proveedores sujetos a la jurisdicción estadounidense que revelen datos mediante un proceso legal válido: «Independientemente de dónde almacene la empresa los datos».
Washington presenta esto como un medio legítimo para obtener pruebas electrónicas. Sin embargo, desde el punto de vista geopolítico, permite que la jurisdicción estadounidense se extienda a través del control corporativo, llegando a información almacenada fuera del territorio estadounidense. La explicación del Departamento de Justicia confirma que se puede obligar a los proveedores a facilitar los datos bajo su control, independientemente de dónde estén almacenados.
La nueva geografía del poder viene definida, por tanto, no solo por fronteras, cables y parques de servidores, sino también por sedes corporativas, claves de cifrado, obligaciones legales, administradores de la nube y los Estados capaces de exigir su cooperación.
La ilusión de las fronteras digitales
En toda Asia Occidental, los gobiernos están realizando importantes inversiones en computación en la nube, inteligencia artificial (IA), identidad digital, ciudades inteligentes y servicios públicos basados en datos. Arabia Saudí aspira a convertirse en una economía de datos líder, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Omán y Turquía están ampliando sus capacidades en materia de nube y gobernanza de datos.
La capacidad física también se está concentrando en unos pocos centros regionales. Una evaluación del Banco Mundial de 2025 contabilizó 39 centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos y 33 en Arabia Saudí. Ambos totales se mantuvieron por debajo de la media de los países de renta alta, que es de 81, pero estaban muy por delante de gran parte de la región circundante, lo que sitúa a ambos Estados como puertas de entrada emergentes para la infraestructura informática de Asia Occidental.
La magnitud de esta transición es cuantificable. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informa de que el 70 % de la población de los Estados árabes utilizaba Internet en 2024, frente al 68 % a nivel mundial. Sin embargo, la media regional oculta una diferencia de 82 puntos porcentuales entre las economías menos y más conectadas, mientras que las suscripciones a banda ancha fija siguen estando por debajo de la mitad de la media mundial. La expansión digital es, por lo tanto, rápida, pero profundamente desigual.
La base de proveedores está muy concentrada. Según Synergy Research Group, Amazon, Microsoft y Google acapararon el 63 % del gasto empresarial mundial en infraestructura en la nube durante el tercer trimestre de 2025.
El mercado alcanzó los 107.000 millones de dólares ese trimestre, frente a los 68.000 millones de dólares de apenas ocho trimestres antes. Los Estados que están desarrollando sistemas digitales a gran velocidad se están adentrando en un mercado ya estructurado en torno a la dependencia.
Un gobierno puede exigir que los datos de los ciudadanos permanezcan dentro de las fronteras nacionales, al tiempo que depende de una empresa extranjera para operar la plataforma, mantener su software, suministrar el modelo de inteligencia artificial o controlar capas críticas del sistema.
Esto crea una apariencia de soberanía sin garantizar necesariamente su esencia.
La localización de datos solo responde a una pregunta: ¿Dónde se almacena la información?
No responde a las preguntas más importantes: ¿Quién controla las claves de cifrado? ¿Quién actualiza el software? ¿Quién puede suspender el servicio? ¿Las leyes de qué país rigen al proveedor? ¿Quién puede obligar a revelar la información? ¿Y quién posee la potencia de cálculo necesaria para extraer valor estratégico?
Mantener los servidores dentro de las fronteras nacionales no los somete a control nacional.
Palestina y los datos utilizados con fines bélicos
En ningún lugar son más visibles las consecuencias de esta geografía oculta que en la Palestina ocupada. La guerra moderna depende cada vez más de la recopilación, combinación e interpretación de enormes cantidades de información. Los registros telefónicos, los identificadores biométricos, las comunicaciones interceptadas, los historiales de ubicación y las imágenes aéreas pueden transformarse en inteligencia militar mediante la computación en la nube y la inteligencia artificial.
Una investigación de la AP reveló que, en marzo de 2024, el uso que hacía el ejército israelí de Microsoft y OpenAI se había multiplicado casi por 200 con respecto al nivel registrado la semana anterior a la Operación «Al-Aqsa Flood», el 7 de octubre de 2023.
Los datos almacenados en los servidores de Microsoft se duplicaron hasta superar los 13,6 petabytes en julio de 2024, mientras que el uso que el ejército hizo de los servidores informáticos de Microsoft aumentó en casi dos tercios durante los dos primeros meses de la guerra. Según se informó, se utilizó Azure para recopilar, transcribir y traducir la información obtenida mediante la vigilancia masiva, y parte de la inteligencia se cotejó con los sistemas de selección de objetivos.
En septiembre de 2025, Microsoft desactivó determinados servicios en la nube y de inteligencia artificial prestados a una unidad militar israelí después de que una revisión revelara que sus productos se habían utilizado para la vigilancia masiva de palestinos. Según se informó, los datos en cuestión se habían almacenado en instalaciones en la nube de Microsoft en Europa.
La cadena de acontecimientos resulta reveladora: información recopilada en Palestina, procesada por una unidad militar israelí, alojada en Europa y, en última instancia, sujeta a las decisiones tomadas por una empresa estadounidense. La agencia AP documentó el sistema de vigilancia y las restricciones posteriores impuestas por Microsoft.
La restricción parecía significativa, pero sus límites resultaban igualmente reveladores. Hossam Nasr, antiguo empleado de Microsoft y organizador de la campaña «No Azure for Apartheid», señaló:
«La gran mayoría del contrato de Microsoft con el ejército israelí permanece intacto».
El caso demostró que las empresas tecnológicas privadas ocupan ahora posiciones que antes se asociaban casi exclusivamente a los Estados. Proporcionan capacidades utilizadas en operaciones de inteligencia, determinan si los clientes conservan el acceso, investigan presuntos usos indebidos e imponen restricciones más allá de las fronteras.
Nimbus y la trampa de la soberanía
El propio Israel reconoce la importancia estratégica del control de la nube. El Proyecto Nimbus, adjudicado a Google y Amazon Web Services, se diseñó para proporcionar una infraestructura integral en la nube a los ministerios israelíes y a los organismos públicos asociados.
El proyecto, de 1.200 millones de dólares, requería infraestructura local y se presentó como un medio para mantener la información gubernamental dentro de Israel. Sin embargo, sus principales proveedores siguen siendo empresas estadounidenses integradas en los sistemas jurídicos y tecnológicos de EE. UU. La magnitud del contrato sitúa la soberanía en la nube firmemente en el ámbito de la infraestructura estratégica, con costes que se miden en miles de millones de dólares.
Nimbus encarna la paradoja central de la soberanía de los datos: un gobierno puede insistir en que los datos permanezcan dentro de su territorio, al tiempo que confía su almacenamiento, procesamiento y gestión de la plataforma a empresas con sede fuera de él.
Israel negoció enérgicamente para reducir esta vulnerabilidad. La mayoría de los Estados de Asia Occidental no poseen el poder de negociación de Israel, la integración tecnológica con Washington ni la influencia sobre las grandes empresas estadounidenses.
Recopilar, procesar, obligar
La batalla por los datos es, en última instancia, una lucha por tres derechos estratégicos.
- El primero es el derecho a recopilar. Los gobiernos, las plataformas digitales, los operadores de telecomunicaciones, los bancos y los servicios de seguridad acumulan información sobre la identidad, los desplazamientos, las comunicaciones, la salud, el consumo y el comportamiento.
- El segundo es el derecho a procesar. Los datos brutos adquieren valor estratégico solo cuando un actor posee los chips, los algoritmos, las plataformas en la nube y el personal cualificado necesarios para procesarlos.
- El tercero es el derecho a obligar. Los gobiernos y los tribunales buscan la autoridad para obligar a los proveedores a revelar, conservar, eliminar o restringir la información.
La concentración económica que subyace a estos derechos se está intensificando. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) informa de que las cinco mayores empresas multinacionales digitales aumentaron su cuota combinada de ventas en todo el sector del 21 % en 2017 al 48 % en 2025; su cuota del total de activos pasó del 17 % al 35 %. Por lo tanto, el control sobre los datos y el cálculo se está acumulando más rápidamente de lo que se está extendiendo la infraestructura.
Un país que controle únicamente el primer derecho es un proveedor de materia prima digital. Un país que controle la recopilación y el procesamiento de datos puede convertirse en una potencia digital. Un actor capaz de ejercer estos tres aspectos posee algo más cercano a la soberanía digital.
El expresidente de Research in Motion, Jim Balsillie, resumió esta transformación ante la ONU: «La riqueza y el poder provienen de poseer propiedad intelectual valiosa y de controlar datos valiosos y motores de inteligencia artificial».
En el siglo XX, el valor estratégico no residía únicamente en la extracción de petróleo, sino también en su refinado, transporte, fijación de precios y financiación. En el siglo XXI, esta misma distinción se aplica a los datos.
El valor en juego se está expandiendo rápidamente. La UNCTAD prevé que el mercado mundial de la IA crecerá de 189.000 millones de dólares en 2023 a 4,8 billones de dólares en 2033, lo que supone un aumento de 25 veces. Las regiones que proporcionan datos, pero carecen de la infraestructura informática y la propiedad intelectual necesarias para procesarlos, corren el riesgo de obtener solo una pequeña parte de ese valor.
Asia Occidental puede generar la materia prima, pero el poder decisivo reside en las «refinerías de datos»: las plataformas en la nube, los modelos de IA y los sistemas informáticos que convierten la información en beneficios, inteligencia e influencia geopolítica.
Más allá del colonialismo digital
La solución no es el aislamiento digital. Ningún Estado de Asia Occidental puede reproducir de forma independiente todas las capas de la pila tecnológica mundial. Sustituir la dependencia de los proveedores estadounidenses por una dependencia total de plataformas chinas u otras plataformas extranjeras no haría más que desplazar el centro de gravedad externo.
No obstante, la región debe garantizar que superar la dependencia del petróleo no signifique pasar de la dependencia clásica al colonialismo digital —un sistema en el que las sociedades de Asia Occidental generan los datos, mientras que las plataformas extranjeras son propietarias de la infraestructura, extraen el valor y conservan el poder de acceso—. Lo que la región necesita es una autonomía tecnológica distribuida.
La contratación de servicios en la nube debe tratarse como una decisión de seguridad nacional, no como una compra rutinaria de TI. Los contratos deben establecer quién controla las claves de cifrado, cómo se gestionarán las demandas legales extranjeras y si los datos y las aplicaciones pueden transferirse a otro proveedor.
Los datos críticos en materia de salud, defensa, biometría, justicia y población deben recibir una protección mayor que la información comercial ordinaria. Los gobiernos también deben invertir en capacidades regionales de nube interoperables, estándares abiertos, auditorías independientes y la capacidad de mantener los servicios esenciales en caso de que un proveedor extranjero retire el acceso.
Por encima de todo, la soberanía de los datos debe extenderse más allá del almacenamiento para abarcar toda la cadena: recopilación, clasificación, procesamiento, acceso, intercambio y eliminación.
El territorio que los Estados no pueden ver
Durante más de un siglo, la importancia geopolítica de Asia Occidental se definió a través de yacimientos petrolíferos, oleoductos, puertos, estrechos y bases militares. Esas estructuras siguen siendo fundamentales, pero otro mapa estratégico se superpone ahora a ellas.
Consta de bases de datos, contratos de servicios en la nube, jurisdicciones legales, sistemas de identidad, modelos de inteligencia artificial y permisos invisibles.
El control sobre los datos otorga a los Estados y a las empresas el poder de trazar un mapa de las sociedades, interpretar comportamientos, anticipar cambios políticos y económicos, y convertir ese conocimiento en acción.
Los Estados de Asia Occidental están construyendo rápidamente la infraestructura digital de la que dependerán sus economías e instituciones públicas. Sin embargo, gran parte de la autoridad que rige estos sistemas sigue estando fuera de la región.
En el siglo XXI, el control del territorio dependerá cada vez más del control de los datos que hacen visibles a su población, sus instituciones y sus recursos.
Kamran Yeganegi
Original: The Cradle
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