Una cabeza por un ojo: guerra sin rendición de cuentas, policía sin transparencia, vigilancia sin órdenes judiciales, propaganda sin vergüenza y poder sin restricciones.

Publié par Contra información sur 31 Juillet 2026, 10:29am

«La antigua ley del ojo por ojo deja a todos ciegos. Es inmoral porque busca humillar al adversario en lugar de ganarse su entendimiento; busca aniquilar en lugar de convertir… Crea amargura en los supervivientes y brutalidad en los destructores». —Martin Luther King Jr.

Hemos caído en una emboscada.

Deberíamos estar hablando de las cosas peligrosas y desestabilizadoras que se están haciendo en este país.

Deberíamos estar hablando de los centros de datos que se extienden por todo el territorio, consumiendo electricidad y agua, sobrecargando la infraestructura local y expandiendo la maquinaria tecnológica necesaria para rastrear, perfilar y controlar a la población.

Deberíamos estar hablando de la creciente red de centros de detención del gobierno y de sus políticas de separación familiar, que han dado como resultado que 145.000 niños estadounidenses hayan experimentado la detención de al menos uno de sus padres, incluidos más de 22.000 niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres que conviven con ellos han sido detenidos al completo.

Deberíamos estar hablando de lectores de matrículas, reconocimiento facial, bases de datos gubernamentales e inteligencia artificial capaz de convertir nuestros movimientos y relaciones en un expediente digital de cada persona en Estados Unidos.

Deberíamos estar hablando de agentes gubernamentales enmascarados, guerras interminables, la desaparición de las garantías constitucionales y una presidencia imperial que no rinde cuentas a nadie.

En cambio, estamos atrapados en un círculo vicioso de tonterías, manía, demagogia política y espectáculo fabricado, mientras el país se va al garete.

Cada día —a veces cada hora— trae consigo otro ultraje, otra amenaza, otra ostentación vulgar de poder, otro meme autoglorificador, otra provocación política y otra distracción que exige nuestra atención.

Antes de que podamos comprender plenamente un ataque contra la República, otro toma su lugar.

Eso no es simplemente el caos que rodea a este gobierno.

Es una de las maneras en que este gobierno se mantiene en el poder.

Mantén al público enojado, exhausto, asustado y distraído. Obliga a todos a perseguir la última atrocidad. Silencia el escrutinio serio con teatro político. Luego, traspasa otro límite constitucional mientras nadie puede llevar la cuenta de lo que ya se ha perdido.

Así es como cada crisis parece pasajera y cada violación constitucional no es más que la última controversia en un espectáculo político interminable.

Sin embargo, en conjunto, no se trata de hechos aislados.

Son pruebas.

Donald Trump no está defendiendo la Constitución. Está poniendo a prueba hasta qué punto puede violarla antes de que alguien lo detenga.

Está poniendo a prueba si un presidente puede declarar la guerra sin el Congreso. Está poniendo a prueba si el poder federal puede transformarse en poder personal. Está poniendo a prueba si la disidencia puede castigarse sin prohibir formalmente la libertad de expresión. Está poniendo a prueba si agentes gubernamentales enmascarados pueden operar como una policía secreta, al margen del escrutinio público y la rendición de cuentas constitucional. Está poniendo a prueba si el gobierno puede vigilar, rastrear y perfilar a todos sin límites significativos. Está poniendo a prueba si la Vigésimo Segunda Enmienda, que limita a un presidente a dos mandatos, significa lo que dice.

Sobre todo, está poniendo a prueba cuánto abuso tolerará el pueblo estadounidense antes de que el agotamiento, el miedo, la distracción y la lealtad partidista mermen su voluntad de resistir.

Esa es la verdadera crisis constitucional que enfrenta Estados Unidos.

Trump ha convertido el gobierno constitucional en una prueba constante de sumisión: traspasa los límites y espera. ¿Resistirá el Congreso? ¿Intervendrán los tribunales? ¿Se negarán los funcionarios? ¿Se opondrá la ciudadanía? ¿O todos retrocederán, racionalizarán, demorarán y se adaptarán?

Si nadie lo detiene, la infracción sienta precedente. Entonces, él sigue adelante.

Así es como se desmantela una república: no necesariamente mediante una declaración dramática de dictadura, sino a través de una sucesión de violaciones constitucionales que quedan impunes el tiempo suficiente como para convertirse en la nueva normalidad.

El enfoque de la administración hacia la guerra ofrece una visión reveladora de los instintos que impulsan gran parte de su conducta.

Al ser preguntado sobre la promesa de Irán de tomar represalias según el principio de "ojo por ojo", el secretario de Estado Marco Rubio declaró que la política de Trump es "cabeza por ojo".

No hay proporcionalidad. No hay moderación. Venganza al máximo.

El impulso que subyace a esa doctrina —la de tomar represalias ante un desafío, castigar ante una crítica, intensificar la represión ante una restricción y presionar con más fuerza cuando la ley lo prohíbe— no se limita al campo de batalla. Impregna el enfoque del gobierno hacia los opositores políticos, la disidencia, la aplicación de la ley en materia de inmigración, el poder ejecutivo y los límites constitucionales.

La filosofía de guerra de Trump puede ser «Una cabeza por un ojo», pero también es una advertencia sobre el tipo de gobierno que esa filosofía genera. El resultado es un gobierno en guerra no solo con enemigos extranjeros, sino también con la disidencia, la privacidad, el debido proceso, los límites constitucionales y, en última instancia, con el pueblo estadounidense.

Mientras tanto, mientras la administración pone a prueba cuánto daño puede infligir y cuántos límites puede traspasar sin consecuencias, el público se ve abrumado por un bombardeo incesante de ruido, espectáculo e indignación fabricada.

Y los costes derivados de la imprudencia del gobierno siguen aumentando.

La guerra con Irán sigue cobrándose vidas, recursos militares y decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes.

Según los informes, las reservas de municiones críticas se están agotando. Los comandantes militares se ven obligados a tomar decisiones difíciles sobre qué armas deben conservarse. Varios militares estadounidenses han muerto y cientos más han resultado heridos. Las interrupciones en el suministro mundial de petróleo amenazan con precios más altos, escasez y mayor inestabilidad económica.

Sin embargo, mientras la administración exige miles de millones más para reponer las armas gastadas en su guerra, se prepara para poner fin a un programa de subsidios de Medicare que ha ayudado a mantener bajas las primas de los planes de medicamentos recetados para millones de estadounidenses mayores.

El gobierno puede encontrar miles de millones para comprar bombas, pero les dice a los ancianos que se preparen para mayores costos. También puede gastar dinero público en enormes pancartas con el rostro de Trump y en redorar estatuas , mientras los estadounidenses comunes luchan por costearse alimentos, medicinas, vivienda y combustible.

Las sumas gastadas en estandartes y estatuas doradas pueden parecer pequeñas en comparación con el costo de la guerra, pero su simbolismo es innegable. Revelan las prioridades de un gobierno que cada vez más utiliza el dinero público como fondo para la guerra, la propaganda política, la glorificación personal y el espectáculo imperial.

Mientras tanto, Trump juega al golf, difunde memes de inteligencia artificial que buscan engrandecerse a sí mismo, exige elogios y continúa tratando la presidencia como si fuera una marca personal en lugar de una responsabilidad constitucional.

Así es como luce un gobierno sin límites constitucionales: guerra sin rendición de cuentas, policía sin transparencia, vigilancia sin órdenes judiciales, propaganda sin vergüenza y poder sin restricciones.

Estados Unidos no necesita otro eslogan político. No necesita volver a ser grande, más fuerte, más temido, más rico ni más poderoso.

Estados Unidos necesita volver a ser libre.

Libres de un gobierno que nos rastrea a dondequiera que vamos, que trata la disidencia como algo peligroso, que libra guerras sin rendir cuentas, que controla a las comunidades como si fueran territorio ocupado e insiste en que los derechos constitucionales deben ceder cada vez que quienes están en el poder invocan la seguridad nacional.

La cuestión ya no es si la Constitución es bienvenida en Estados Unidos. La cuestión es si el gobierno todavía considera que la Constitución es vinculante.

Todo indica que la respuesta es no.

La guerra de Trump contra Irán está poniendo a prueba si un presidente puede eludir al Congreso, declarar la guerra por su propia cuenta y obligar al país a asumir las consecuencias posteriormente.

Hasta ahora, la respuesta parece ser sí.

La Constitución otorga al Congreso —no al presidente— el poder de decidir si el país entra en guerra. Sin embargo, cada vez que el Congreso financia una guerra no autorizada en lugar de detenerla, la ilegalidad presidencial se afianza. Cada vez que los tribunales se niegan a intervenir, resulta más difícil impugnar las decisiones bélicas del ejecutivo. Cada vez que la opinión pública se distrae con el último espectáculo, se desdibuja otro límite constitucional.

El costoso y teatral cambio de imagen del Departamento de Defensa, que pasó a llamarse Departamento de Guerra, podría ser lo más veraz sobre la administración Trump.

Es un gobierno organizado en torno a la guerra: guerra en el extranjero, guerra en la frontera, guerra en las calles, guerra contra la disidencia, guerra contra la privacidad, guerra contra las víctimas de la pobreza y guerra contra cualquiera que se niegue a someterse. Cada crisis se ha convertido en una excusa para expandir el poder del gobierno. Cada enemigo se convierte en un motivo para debilitar las garantías constitucionales. Cada emergencia se vuelve permanente.

Trump también está poniendo a prueba si el poder federal puede transformarse en poder personal.

La Constitución exige que los presidentes ejecuten fielmente las leyes. Trump exige que los funcionarios gubernamentales ejecuten fielmente su voluntad. Se ha rodeado de leales, ha purgado o marginado a funcionarios que podrían oponerse a él, ha tratado la supervisión independiente como insubordinación y ha demonizado a los críticos como enemigos.

El peligro no reside simplemente en que Trump posea un enorme poder ejecutivo, sino en que el gobierno cada vez más equipara la lealtad a Trump con la lealtad al país.

Así es como el gobierno constitucional da paso al poder personal.

Los funcionarios públicos dejan de preguntarse si una orden es legal y empiezan a preguntarse si agrada al presidente. Las agencias dejan de servir al público y empiezan a proteger al gobernante. La supervisión independiente se convierte en sabotaje. El desacuerdo se convierte en deslealtad. La resistencia se convierte en traición.

Trump no creó la presidencia imperial ni el estado policial estadounidense. Los heredó.

Las administraciones republicanas y demócratas dedicaron décadas a construir la maquinaria que ahora él comanda: poderes de emergencia, vigilancia masiva, policía militarizada, capacidad ejecutiva para hacer la guerra, secretismo gubernamental y una burocracia extensa acostumbrada a operar al margen de una rendición de cuentas significativa.

Cada administración heredó poderes peligrosos de la anterior. Cada una prometió que esos poderes se usarían con responsabilidad. Cada una dejó un gobierno más poderoso y a la gente menos libre.

El peligro particular de Trump reside en que se ha apoderado de esta maquinaria, la ha expandido, la ha personalizado y le ha quitado gran parte de la pretensión de que exista para algo más que el poder y el control.

Está poniendo a prueba la posibilidad de castigar la disidencia sin prohibir formalmente la libertad de expresión.

La Primera Enmienda sigue vigente. Los estadounidenses aún tienen derecho legal a criticar al gobierno. Sin embargo, la administración no necesita derogarla si puede hacer que el ejercicio de esos derechos sea suficientemente peligroso. Puede investigar a los críticos, amenazar a los opositores, presionar a universidades y bufetes de abogados, perseguir a manifestantes, intimidar a periodistas y tachar a los disidentes de enemigos del Estado. Puede explotar el vasto aparato de vigilancia ya existente para identificar quién asiste a una protesta, visita un sitio web controvertido, se asocia con un grupo impopular o viaja a un lugar políticamente sensible.

Aquí es donde la prueba de la disidencia se fusiona con la prueba de la vigilancia.

El gobierno ya no necesita asignarle un agente para que le siga.

Tu teléfono, tu coche, tu rostro, tus compras y tus contactos digitales son los que proporcionan la información. Los lectores de matrículas, el reconocimiento facial, las búsquedas por geolocalización, la monitorización de redes sociales y la inteligencia artificial pueden elaborar perfiles detallados de personas que nunca han sido sospechosas de un delito.

El peligro ya no reside simplemente en que el gobierno pueda vigilar a todo el mundo. Consiste en que una administración que exige lealtad personal posee los medios para identificar, rastrear, intimidar y tomar represalias contra quienes se niegan a someterse.

No es necesario prohibir formalmente la libertad de expresión cuando se puede infundir miedo a la gente para que guarde silencio.

Trump también está poniendo a prueba si los agentes federales pueden operar más allá de la rendición de cuentas constitucional y pública.

La aplicación de las leyes de inmigración se ha convertido en el campo de pruebas de este modelo policial autoritario. Sin embargo, los poderes gubernamentales no se limitan a sus objetivos originales. Una vez que el gobierno se arroga la facultad de ocultar la identidad de sus agentes, realizar redadas militarizadas, rastrear a personas mediante vastas bases de datos y detenerlas sin un debido proceso, esos poderes terminarán por utilizarse contra otros.

Hoy, el objetivo puede ser un inmigrante indocumentado. Mañana, puede ser un manifestante, un periodista, un propietario de armas, un crítico del gobierno, un padre de familia, un paciente, un miembro de una minoría religiosa o cualquier persona cuyos movimientos y creencias activen una alerta algorítmica.

La prueba consiste en ver si los estadounidenses aceptarán la ilegalidad del gobierno cuando esta se dirija contra personas a las que se les ha enseñado a temer o despreciar.

Si lo hacen, el precedente estará ahí cuando el gobierno elija a su próximo enemigo.

Finalmente, Trump está poniendo a prueba si la Vigésimo Segunda Enmienda significa lo que dice.

La Constitución es sumamente clara: nadie puede ser elegido presidente más de dos veces. Sin embargo, Trump sigue coqueteando con la posibilidad de permanecer en el poder más allá de dos mandatos, mientras sus aliados proponen enmiendas y teorías para sortear la prohibiciónEstas provocaciones suelen ser descartadas como bromas, provocaciones o teatro político.

Eso es un error.

Los autoritarios rara vez comienzan anunciando su intención de desmantelar un gobierno constitucional. Lanzan una idea, la repiten hasta que suena menos escandalosa, ridiculizan a quienes la toman en serio y esperan a que el público se acostumbre a la posibilidad.

Trump está poniendo a prueba si una prohibición constitucional explícita puede debilitarse mediante la repetición, la racionalización y la lealtad partidista.

Hay otra prueba en marcha que podría determinar si alguna de estas restricciones constitucionales sobrevive: ¿aceptará Trump unas elecciones que amenacen su control del poder?

Trump tiene la costumbre de revelar sus intenciones.

Domina el arte de acusar a otros de lo que él mismo hace, ha hecho o podría estar a punto de hacer. Acusa a otros de instrumentalizar el gobierno mientras utiliza el poder federal contra sus críticos. Acusa a otros de corrupción mientras trata el cargo público como un instrumento de enriquecimiento personal y recompensa política. Acusa a otros de censura mientras busca castigar la libertad de expresión que le desagrada. Acusa a otros de ilegalidad mientras trata la Constitución como algo que debe eludir siempre que le estorba.

Por lo tanto, cuando Trump advierte repetidamente que las elecciones están siendo "amañadas" o "robadas", deberíamos prestar mucha atención.

La cuestión no es simplemente si está repitiendo viejas quejas sobre 2020. La cuestión es qué tipo de acusaciones están preparando al país para aceptar en 2026.

¿Están preparando a sus seguidores para rechazar resultados que le cuesten a los republicanos el control del Congreso? ¿Están sentando las bases para la intervención federal en elecciones tradicionalmente administradas por los estados o para acciones de emergencia llevadas a cabo en nombre de la "integridad electoral"?

Estas preocupaciones no son descabelladas.

Trump tiene un enorme interés personal en las elecciones de mitad de mandato. Un Congreso controlado por sus oponentes podría investigar su administración, exponer abusos, bloquear su agenda, recortar fondos e iniciar un proceso de destitución.

Eso convierte las próximas elecciones en otra prueba constitucional.

¿Respetará el presidente el derecho del pueblo a retirar su apoyo político? ¿O insistirá una vez más en que cualquier elección que no controle debe haber sido robada?

Trump ha pasado años enseñando a sus seguidores a creer que solo son posibles dos resultados electorales: o gana él, o alguien hizo trampa.

Eso no es fe en la democracia. Es una advertencia de que el gobierno democrático solo será tolerado mientras produzca el resultado que el gobernante prefiere.

Seguirá haciendo pruebas hasta que alguien lo detenga.

Lamentablemente, el Congreso ha abandonado en gran medida su deber de controlar el poder presidencial. Los tribunales permiten cada vez más que las controversias constitucionales se resuelvan mediante dilaciones, maniobras procesales y doctrinas que eximen de responsabilidad a los funcionarios públicos. Las agencias federales se resisten a la transparencia, la policía se investiga a sí misma y los contratistas privados ayudan al gobierno a eludir los límites constitucionales.

Y se anima al pueblo estadounidense a tratar cada abuso como una cuestión partidista en lugar de una cuestión constitucional.

Esa es la trampa.

El estado policial sobrevive porque los estadounidenses han sido condicionados a oponerse a la tiranía solo cuando el otro bando es responsable de ella.

Los republicanos defienden el poder ejecutivo cuando un republicano ocupa la Casa Blanca. Los demócratas lo defienden cuando un demócrata es presidente. Ambos partidos prometen reformas. Ninguno desmantela el aparato.

Por eso, el simple hecho de reemplazar a un presidente por otro no hará que Estados Unidos vuelva a ser libre.

La libertad no puede depender de encontrar un gobernante benevolente.

La Constitución no se redactó partiendo de la premisa de que las buenas personas siempre ostentarían el poder. Se redactó porque el poder corrompe, los funcionarios mienten, las instituciones se protegen y los gobernantes insisten invariablemente en que todo lo que hacen es necesario.

Sin embargo, los límites constitucionales no se aplican automáticamente. El Congreso debe defender sus poderes. Los tribunales deben emitir fallos que el gobierno no pueda eludir ni ignorar. Los funcionarios públicos deben negarse a acatar órdenes ilegales. Los periodistas deben denunciar los abusos en lugar de dejarse llevar por el sensacionalismo. El pueblo debe retirar su apoyo a los líderes que tratan la Constitución como un desafío.

De lo contrario, la Constitución se convierte en poco más que un catálogo de restricciones que el presidente ha aprendido que puede violar sin consecuencias.

Ese es el patrón general que queda oculto por el bombardeo constante de indignación, manía y teatro político.

Cruzar una línea.

Esperar.

Si el Congreso duda, los tribunales demoran, los funcionarios cumplen y el público sigue adelante, la línea divisoria nunca fue real.

Luego cruza otro.

Como dejo claro en mi libro Battlefield America: The War on the American People y en su contraparte ficticia The Erik Blair Diaries, los límites constitucionales no significan nada cuando las instituciones encargadas de hacerlos cumplir se niegan a actuar.