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Fue el incendio del Reichstag lo que puso en marcha el "estado de excepción" cuando Hindenburg firmó el Decreto del Incendio del Reichstag suspendiendo las libertades civiles indefinidamente, lo que permitió al partido nazi actuar fuera de la Constitución de Weimar. Hitler usó el incendio del Reichstag en 1933 para tomar un poder casi ilimitado.
Mientras que muchas naciones ocasionalmente recurren a un "estado de excepción" para lidiar con crisis temporales, Israel existe en un estado de excepción permanente. Este excepcionalismo israelí es la esencia misma de la inestabilidad que plaga el Medio Oriente. El concepto de estado de excepción se remonta al justitium romano, un mecanismo jurídico que permite suspender la ley en tiempos de disturbios civiles. Sin embargo, la comprensión moderna fue moldeada por el jurista alemán Carl Schmitt, quien escribió esta frase célebre que el "soberano es el que decide sobre la excepción". Aunque la propia historia de Schmitt como jurista del Tercer Reich sirve como un escalofriante recordatorio de adónde pueden conducir tales teorías, su obra proporciona una anatomía innegablemente precisa del poder puro: revela cómo un gobernante que instituye leyes también tiene el poder de derogarlas, bajo el pretexto de que ninguna constitución puede prever todas las crisis posibles.
A menudo se argumenta que Israel, una autodenominada democracia, aún carece de una constitución formal porque dicho documento lo obligaría a definir sus fronteras, una perspectiva problemática para un régimen colonial con un insaciable apetito de expansión. Pero hay otra explicación: al basarse en las "Leyes Fundamentales" en lugar de una constitución, Israel evita un sistema legal integral que lo alinee con los fundamentos globalmente aceptados del derecho internacional. Sin una constitución, Israel existe en un vacío legal donde la "excepción" es la regla. En este espacio, las leyes raciales, la expansión territorial e incluso el genocidio están permitidos siempre que se ajusten a la agenda inmediata del Estado.
Aislar ejemplos específicos para ilustrar este punto es una tarea difícil, principalmente porque casi todos los pronunciamientos relevantes de los funcionarios israelíes, en particular durante el genocidio en Gaza, son un estudio de manual sobre el excepcionalismo israelí. Tomemos como ejemplo los incesantes ataques de Israel contra la UNRWA, el organismo bajo mandato de la ONU responsable de la supervivencia de millones de refugiados palestinos. Durante décadas, Israel ha buscado el desmantelamiento de la UNRWA por una razón: es la única institución global que impide la supresión total de los derechos de los refugiados palestinos. Estos derechos no son meros agravios; están firmemente arraigados en el derecho internacional, en particular en la Resolución 194 de la ONU.
Si bien que la UNRWA no es una organización política en sentido funcional del término, su propia existencia es profundamente política. En primer lugar, constituye el legado institucional de una historia política específica; en segundo lugar, y de forma más crucial, su presencia garantiza que el refugiado palestino siga siendo una entidad política reconocida. Al existir, UNRWA preserva la condición del refugiado como sujeto con el derecho legal de exigir el regreso a la Palestina histórica, una exigencia que el "estado de excepción" pretende silenciar definitivamente.
En octubre de 2024, Israel legisló unilateralmente el cierre de UNRWA, afirmando una vez más su "excepción" en todo el marco de las Naciones Unidas. "Es hora de que la comunidad internacional (...) se dé cuenta de que la misión de la UNRWA debe terminar", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu el 31 de enero de 2024, anunciando su inminente desaparición. Esta retórica llegó a su fin el 20 de enero, cuando la sede de UNRWA en la Jerusalén ocupada fue demolida por el ejército israelí en presencia del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.
"¡Un día histórico!" Ben-Gvir anunció ese mismo día: «Hoy expulsamos a estos simpatizantes del terror».
Este horroroso acto fue recibido con tímida respuesta, preocupación muda o silencio absoluto por parte de los mismos poderes encargados de impedir que los Estados se posicionaran por encima de la ley.
En el pasado, los líderes israelíes ocultaban sus verdaderas intenciones detrás del discurso de (Israel una) "luz para las naciones", proyectando un faro de moralidad mientras practicaban la violencia, la limpieza étnica y la ocupación militar sobre el terreno. Sin embargo, el genocidio en Gaza ha desmantelado estas pretensiones. Por primera vez, la retórica israelí refleja plenamente un estado de excepción donde la ley no solo se ignora, sino que es suspendida estructuralmente. "Nadie en el mundo permitirá que matemos de hambre a dos millones de ciudadanos, aunque sea justificado y moral, hasta que nos devuelvan a los rehenes", admitía el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el 5 de agosto de 2024. Esta postura "justificada y moral" revela una moralidad localizada que permite el exterminio de una población como un acto éticamente defendible. Sin embargo, Smotrich también mintió; el mundo no ha hecho nada práctico para disuadir a Israel de su salvaje pulverización de Gaza.
La comunidad internacional permaneció inactiva incluso cuando Smotrich declaró el 6 de mayo de 2025 que Gaza sería "totalmente destruida" y la población "concentrada en una estrecha franja". Hoy, esa visión es una realidad: una población agotada por el genocidio está confinada a aproximadamente el 45% del territorio, mientras que el resto permanece vacío bajo control militar israelí.
El propio Netanyahu, quien ha extendido el estado de excepción más allá de cualquier predecesor, definió esta nueva realidad durante una reunión de gabinete el 26 de octubre de 2025: "Israel es un estado soberano... Nuestra política de seguridad está en nuestras manos. Israel no busca la aprobación de nadie para eso". Aquí, Netanyahu define la soberanía como el poder puro para actuar —genocidio incluido— sin consideración por el derecho internacional ni los derechos humanos.
Si todos los estados adoptaran esto, el mundo caería en un frenesí sin ley. En su influyente Estado de Excepción, Giorgio Agamben diagnosticó este "vacío": un espacio donde la ley está suspendida pero la "fuerza de la ley" permanece como pura violencia. Si bien sus posturas recientes han dividido a la comunidad académica, su crítica de la excepción como herramienta permanente de gobernanza sigue siendo una perspectiva indispensable para comprender la desaparición de la vida palestina.
Israel ya ha creado ese vacío. En manos de una sociedad colonial genocida, el estado de excepción es una pesadilla implacable que no se detendrá en las fronteras de Palestina. Si se permite que esta "excepción" se convierta en la norma regional permanente, ninguna nación de Oriente Medio se salvará. El tiempo apremia.
Ramzy Baroud es periodista, autor y editor de The Palestine Chronicle. Ha escrito seis libros y colaborado en muchos otros. El Dr. Baroud también es investigador principal no residente en el Centro para el Islam y Asuntos Globales (CIGA).
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