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La relatora especial de la ONU fue sancionada por Estados Unidos a principios de este año por nombrar a empresas que se benefician del genocidio.
La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, declaró ante la Asamblea General el 28 de octubre que 63 países, incluidos estados clave occidentales y árabes, han alimentado o han sido cómplices de la “maquinaria genocida de Israel” en Gaza.
Desde la sede de la Fundación Legado Desmond y Leah Tutu en Ciudad del Cabo, Albanese presentó su informe de 24 páginas, "Genocidio en Gaza: Un crimen colectivo", que, según dijo, documenta cómo los estados armaron, financiaron y protegieron políticamente a Tel Aviv mientras la población de Gaza era "bombardeada, hambrienta y aniquilada" durante más de dos años.
Sus hallazgos sitúan a Estados Unidos en el centro de la economía de guerra de Israel, siendo responsable de dos tercios de sus importaciones de armas y proporcionando cobertura diplomática a través de siete vetos del Consejo de Seguridad de la ONU.
El informe citaba a Alemania, Gran Bretaña y otras potencias europeas por continuar las transferencias de armas “incluso cuando aumentaban las pruebas de genocidio”, y condenaba a la UE por sancionar a Rusia por la guerra en Ucrania mientras seguía siendo el principal socio comercial de Israel.
Albanese acusó a las potencias mundiales de haber “perjudicado, fundado y protegido el apartheid militarizado de Israel”, permitiendo que su proyecto colonial de asentamientos “se convirtiera en genocidio, el crimen supremo contra el pueblo indígena de Palestina”.
Afirmó que el genocidio fue posible gracias a la “protección diplomática en foros internacionales destinados a preservar la paz”, la cooperación militar que “alimentó la maquinaria genocida” y la “indiscutible instrumentalización de la ayuda”.
El informe también identificó la complicidad de algunos estados árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahréin y Marruecos, que normalizaron sus relaciones con Tel Aviv.
Egipto, señaló, mantiene “importantes relaciones de seguridad y económicas con Israel, incluida la cooperación energética y el cierre del paso fronterizo de Rafah”, reforzando así el bloqueo a la última ruta humanitaria de Gaza.
Albanese advirtió que el sistema internacional se encuentra ahora “en una situación precaria entre el colapso del estado de derecho y la esperanza de renovación”, e instó a los estados a suspender todos los acuerdos militares y comerciales con Tel Aviv y construir “un marco vivo de derechos y dignidad, no para unos pocos, sino para muchos”.
Su presentación provocó un arrebato del enviado israelí Danny Danon, quien la llamó “bruja malvada”.
Franscesca contraatacó diciendo: “Si lo peor de lo que me pueden acusar es de brujería, lo acepto. Pero si tuviera el poder de hacer hechizos, lo usaría para detener sus crímenes de una vez por todas y para asegurar que los responsables terminen tras las rejas”.
-Calling Francesca Albanese a WITCH. Israel is hated, globally. It's quite and accomplishment and much of it is due to the heroism of Francesca Albanese. SHE IS AN ANGEL
Los expertos en derechos humanos describieron el informe como la acusación más contundente de la ONU hasta la fecha contra el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza.
Albanese ya había sido sancionada por Estados Unidos en julio, tras publicar un informe que exponía cómo corporaciones occidentales se beneficiaban del genocidio israelí en Gaza.
El informe de 27 páginas, titulado "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio", nombró a más de 60 empresas, entre ellas Lockheed Martin, Caterpillar, Microsoft, Palantir y Hyundai, por ayudar y beneficiarse de los asentamientos y las operaciones militares de Israel, y pidió su enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Albanese de librar una “campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel”, y anunció las sanciones como parte del esfuerzo de Washington por contrarrestar lo que él denominó “guerra jurídica”.
La medida suscitó una dura condena por parte de funcionarios de la ONU y grupos de derechos humanos, que advirtieron que amenazaba los mecanismos globales de rendición de cuentas.
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