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Kit Klarenberg expone cómo Occidente armó los "derechos humanos" después de los Acuerdos de Helsinki, convirtiendo una idea noble en una herramienta para el cambio de régimen, sanciones y guerras imperiales.
El 1 de agosto se conmemoró el 50.º aniversario de la firma de los Acuerdos de Helsinki. El 50.º aniversario del acontecimiento transcurrió sin apenas comentarios ni reconocimiento general. Sin embargo, la fecha es absolutamente trascendental, y sus consecuencias destructivas resuenan hoy en toda Europa y más allá. Los Acuerdos no solo sentenciaron la muerte de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y Yugoslavia años después, sino que crearon un nuevo mundo en el que los "derechos humanos" —en concreto, una concepción occidentalista e impuesta de los mismos— se convirtieron en un arma formidable en el arsenal del Imperio.
Los Acuerdos se centraron formalmente en concretar la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Según sus términos, a cambio del reconocimiento de la influencia política de esta última sobre Europa Central y Oriental, Moscú y sus países satélites del Pacto de Varsovia acordaron defender una definición de "derechos humanos" relacionada exclusivamente con las libertades políticas, como la libertad de reunión, expresión, información y circulación. Las protecciones de las que disfrutaban universalmente los habitantes del Bloque del Este —como las garantías de educación, empleo y vivienda gratuitos, entre otras— estaban completamente ausentes de esta taxonomía.
Había otra trampa. Los Acuerdos dieron lugar a la creación de varias organizaciones occidentales encargadas de supervisar el cumplimiento de sus términos por parte del Bloque del Este, entre ellas Helsinki Watch, precursora de Human Rights Watch. Posteriormente, estas entidades visitaron la región con frecuencia y forjaron vínculos estrechos con facciones políticas disidentes locales, apoyándolas en su agitación antigubernamental. No se planteó la posibilidad de invitar a representantes de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia o Yugoslavia a evaluar el cumplimiento de los derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero, por parte de Estados Unidos o sus vasallos.
Como ha documentado extensamente el jurista Samuel Moyn, los Acuerdos desempeñaron un papel fundamental en el desplazamiento decisivo del discurso dominante sobre los derechos humanos, alejándolo de cualquier consideración económica o social. Más grave aún, según Moyn, «la idea de los derechos humanos» se convirtió en una justificación para avergonzar a los opresores estatales. En consecuencia, la brutalidad imperialista occidental contra supuestos violadores de derechos extranjeros —incluyendo sanciones, campañas de desestabilización, golpes de Estado e intervenciones militares directas— pudo justificarse, a menudo con el respaldo de las conclusiones aparentemente neutrales de organizaciones como Amnistía Internacional y HRW.
Casi inmediatamente después de la firma de los Acuerdos de Helsinki, surgió una multitud de organizaciones en todo el Bloque del Este para documentar presuntas violaciones cometidas por las autoridades. Sus hallazgos se transmitieron, a menudo subrepticiamente, a embajadas y grupos de derechos humanos en el extranjero para su difusión internacional. Esto contribuyó significativamente a la presión interna y externa sobre la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y Yugoslavia. Los relatos convencionales afirman que la concepción de estos grupos disidentes fue completamente espontánea y orgánica, lo que les valió un convincente apoyo occidental para sus iniciativas pioneras.
El legislador estadounidense Dante Fascell afirmó que las "demandas" de los "intrépidos" ciudadanos soviéticos "nos obligaron a responder". Sin embargo, existen indicios inequívocos de que la intromisión en el Bloque del Este estaba arraigada en Helsinki desde antes de su inicio. A finales de junio de 1975, en vísperas de la firma de los Acuerdos por parte del presidente estadounidense Gerald Ford, el disidente soviético exiliado Alexander Solzhenitsyn se dirigió a políticos de alto rango en Washington, D.C. Apareció por invitación expresa del anticomunista radical George Meany, jefe de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), vinculada a la CIA. Solzhenitsyn declaró:
Nosotros, los disidentes de la URSS, no tenemos tanques, ni armas, ni organización. No tenemos nada... Ustedes son aliados de nuestro movimiento de liberación en los países comunistas... Los líderes comunistas dicen: "No interfieran en nuestros asuntos internos"... Pero yo les digo: interfieran cada vez más. Interfieran tanto como puedan. Les rogamos que vengan e interfieran.
En 1980, las huelgas masivas en Gdansk, Polonia, se extendieron por todo el país, dando lugar a la fundación de Solidaridad, un sindicato independiente y movimiento social. Una de sus demandas clave fue que el gobierno polaco, apoyado por la Unión Soviética, distribuyera 50.000 ejemplares de los protocolos de Helsinki sobre "derechos humanos" al público en general. El fundador y director de Solidaridad, Lech Wales, se refirió posteriormente a los Acuerdos como un "punto de inflexión", que permitió y fomentó la disrupción del sindicato a nivel nacional y su crecimiento hasta convertirse en una fuerza política importante. En tan solo un año, la membresía de Solidaridad superó los 10 millones.
El inexorable ascenso del movimiento causó conmoción en todo el Pacto de Varsovia. Era la primera vez que se formaba una organización de masas independiente en un estado alineado con la Unión Soviética, y otras pronto seguirían su ejemplo. Aunque ocultas en aquel momento, y en gran medida desconocidas hoy en día, las actividades de Solidaridad fueron financiadas con millones de dólares por el gobierno estadounidense. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los grupos disidentes prominentes del Bloque del Este, como la Carta 77 de Checoslovaquia . En muchos casos, estas facciones no solo derrocaron a sus gobernantes al final de la década, sino que formaron gobiernos posteriormente.
La financiación de Washington para estos esfuerzos quedó codificada en una Directiva de Seguridad Nacional secreta de septiembre de 1982. Esta establecía que «el principal objetivo a largo plazo de Estados Unidos en Europa del Este» era «liberar el control soviético sobre la región y, por lo tanto, facilitar su eventual reintegración a la comunidad europea de naciones». Esto se lograría «fomentando tendencias más liberales en la región… reforzando la orientación prooccidental de sus pueblos… reduciendo su dependencia económica y política de la URSS… facilitando su asociación con las naciones libres de Europa Occidental».
En agosto de 1989, pocos días después de que Solidaridad tomara el poder en Polonia, marcando la primera formación de un gobierno no comunista en el Bloque del Este tras la Segunda Guerra Mundial, apareció un destacado artículo de opinión en el Washington Post . Adrian Karatnycky, figura destacada de la AFL-CIO, escribió sobre su "inmensa alegría y admiración" por el asombroso éxito de Solidaridad en la purga de la influencia soviética en el país durante la década de 1980. El movimiento era el eje central de una "estrategia" estadounidense más amplia, y había sido financiado y apoyado por Washington con la máxima "discreción y secretismo".
Grandes sumas de dinero canalizadas a Solidaridad a través de la AFL-CIO y la CIA, fachada de la Fundación Nacional para la Democracia, financiaron envíos de decenas de imprentas, docenas de computadoras, cientos de mimeógrafos, miles de litros de tinta de imprenta, cientos de miles de plantillas, cámaras de video y equipos de radiodifusión. Esta fuente de financiación promovió las actividades de Solidaridad a nivel local e internacional. En Polonia, se publicaron 400 publicaciones periódicas clandestinas, incluyendo cómics que presentaban al «comunismo como el dragón rojo» y a Lech Walesa «como el caballero heroico», leídos por decenas de miles de personas.
Karatnycky se jactó de cómo el Imperio se vio íntimamente "inmerso en el drama cotidiano de la lucha de Polonia" durante la última década, y "gran parte de la historia de esa lucha y nuestro papel en ella tendrá que contarse otro día". Aun así, los resultados fueron extraordinarios. Los escritores de la "prensa clandestina" de Varsovia, financiada por la NED, se habían transformado repentinamente en "editores y reporteros de los nuevos periódicos independientes de Polonia". Antiguos "piratas de radio" y activistas de Solidaridad, anteriormente "acosados" por las autoridades comunistas, ahora eran legisladores electos.
Al despedirse, Karatnycky elogió cómo Polonia demostró ser un "exitoso laboratorio de construcción democrática", advirtiendo que el "cambio político" en Varsovia no podía ser una "aberración política" ni un "ejemplo único" en la región. Karatnycky anticipó nuevas insurrecciones vecinales, señalando que la AFL-CIO estaba comprometida con los sindicatos de otras partes del Bloque del Este, incluida la propia Unión Soviética. Así fue como, uno tras otro, todos los gobiernos del Pacto de Varsovia se derrumbaron en los últimos meses de 1989, a menudo en circunstancias enigmáticas.
'Terapia de shock'
Las "revoluciones" de 1989 siguen siendo veneradas por la opinión pública hoy en día, aclamadas como ejemplos de transiciones pacíficas de la dictadura a la democracia. Desde entonces, también han servido de modelo y justificación para el imperialismo estadounidense de todo tipo en nombre de los "derechos humanos" en todo el mundo. Sin embargo, para muchos al frente de los grupos disidentes del Pacto de Varsovia, financiados por Occidente e inspirados en los Acuerdos de Helsinki, hubo un giro extremadamente amargo en la historia del derrocamiento del comunismo en Europa Central y Oriental.
Kit Klarenberg
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