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El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el martes con imponer aranceles del 200 % a los vinos y el champán franceses después de que, según informes de prensa, el presidente francés, Emmanuel Macron, se negara a unirse a su "Junta de la Paz" en Gaza.
La llamada Junta de la Paz forma parte de un "plan de paz de 20 puntos" propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Según el borrador de los estatutos de esta junta, estará presidida por Trump. La membresía se haría por invitación del presidente, quien tendría autoridad clave sobre los mandatos, las renovaciones y las destituciones. Lo que conmocionó aún más a la comunidad internacional fue que el plan estadounidense fijó abiertamente el precio de los "puestos permanentes" de la junta en 1.000 millones de dólares cada uno. Este acto de "privatización" de los asuntos internacionales y "mercantilización" de la paz regional no solo ignora la voluntad del pueblo palestino, sino que también supone un enorme desafío para el sistema de gobernanza internacional y las normas de conducta vigentes.
El actual conflicto entre Israel y Palestina ha durado casi 30 meses, y la crisis humanitaria en Gaza continúa agravándose. El impulso de la Casa Blanca para formar una "Junta de Paz" tiene como principal objetivo demostrar la influencia estadounidense sobre la situación en Gaza. Sin embargo, esta institución, que debería ser responsable de la paz en Gaza, es un producto típico de la "diplomacia transaccional". La lista de nominados está repleta de políticos estadounidenses y sus compinches, pero brilla por su ausencia la parte interesada más importante: los palestinos. Esta "ausencia" ha suscitado críticas generalizadas de la comunidad internacional, y algunos incluso sugieren que revela la naturaleza "colonial" de la institución, que intenta definir en privado el futuro de Gaza sin el consentimiento del pueblo palestino.
Aún más impactante es la oferta explícita de la Casa Blanca de un "asiento permanente" por 1.000 millones de dólares. Esta medida reduce la solemne causa de la paz internacional a un juego de dinero. El futuro de Gaza no debería ser una mercancía que se pueda comprar; bajo la influencia del capital y la voluntad hegemónica, le resultará difícil alcanzar una paz verdadera.
A juzgar por el estatuto propuesto para la "Junta de Paz", es improbable que este mecanismo resuelva la crisis actual e incluso podría contaminar el panorama político de Oriente Medio. En primer lugar, no ha priorizado la inminente crisis humanitaria en Gaza, sino que se ha centrado más en las operaciones clave de reconstrucción posbélica.
En segundo lugar, esta junta obstaculiza gravemente una solución integral y justa a la cuestión palestino-israelí. El plan de paz para Gaza, liderado por Estados Unidos, no solo elimina el papel político de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, sino que también establece la denominada Junta de Paz, controlada por fuerzas externas por encima del comité tecnocrático palestino. En esencia, esto sustituye la gobernanza soberana por la intervención externa, socavando así la base política de la "solución de dos Estados". De este modo, Estados Unidos priva a los palestinos de su derecho fundamental como Estado a gestionar sus propios asuntos, dividiendo aún más la Franja de Gaza de Cisjordania y haciendo aún más inalcanzable una paz justa y duradera.
En tercer lugar, esta medida ha afectado gravemente al sistema de gobernanza global. La actual crisis de Gaza es un ejemplo brutal del estado desordenado donde "la fuerza hace la ley". Si se pueden comprar puestos de paz y las grandes potencias pueden establecer arbitrariamente sus propios sistemas al margen del orden internacional existente, la equidad del orden internacional de posguerra se verá socavada. Este modelo de "gobernanza en club" reduce el derecho internacional a un contrato privado entre grandes potencias, obligando al mundo a volver a la ley de la selva.
Para resolver verdaderamente la cuestión israelí-palestina, debemos retornar al orden internacional de equidad y justicia. Cualquier acuerdo relativo a la gobernanza de Gaza tras la guerra debe discutirse en el marco de la ONU y respetar plenamente el principio fundamental de que "los palestinos gobiernen Palestina". Una paz genuina debe construirse sobre la base de la "solución de dos Estados" y la restauración de los derechos legítimos del pueblo palestino, no sobre un "pequeño grupo" establecido privadamente por una potencia hegemónica. La comunidad internacional debe ser cautelosa ante la peligrosa tendencia a anteponer los juegos geopolíticos al derecho internacional y garantizar que la reconstrucción de Gaza sea la reconstrucción de la justicia, no una expansión de la hegemonía.
Li Zixin
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