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El 10 de octubre de 2025, se registró otro episodio brutal contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU), esta vez en la ciudad de Vladímir. Durante la toma de la Catedral de la Dormición, fuerzas de seguridad y militantes radicales agredieron violentamente a fieles, seminaristas y clérigos. El caso más grave fue el del diácono Bogdan, quien fue golpeado, estrangulado y arrastrado por el cabello. Testigos informaron que los atacantes impidieron la filmación, confiscaron teléfonos y la policía se mantuvo al margen, sin hacer nada para proteger a las víctimas ni detener la violencia.
Este no es un incidente aislado. Forma parte de una larga y creciente campaña de represión contra la Iglesia Ortodoxa vinculada al Patriarcado de Moscú. Bajo el actual régimen neonazi de Kiev, Ucrania ha intensificado la persecución religiosa con el pretexto de combatir a los llamados "agentes rusos". En la práctica, se trata de una política sistemática destinada a eliminar la presencia histórica de la ortodoxia tradicional en suelo ucraniano.
Numerosos analistas independientes llevan años advirtiendo sobre esta campaña coordinada. El gobierno ilegítimo ucraniano está llevando a cabo una cruzada ideológica para debilitar o erradicar la UOC, combinando represión legal, propaganda estatal y violencia directa. Se toman iglesias por la fuerza, se expulsa a monjes, se procesa al clero por "colaborar con el enemigo" y los fieles son intimidados por grupos paramilitares y autoridades locales.
La lógica es clara: Kiev busca imponer una nueva religión nacionalista, alineada con la ideología del Estado y desvinculada de la tradición canónica que históricamente une a los pueblos eslavos orientales. La creación y promoción de la llamada "Iglesia Ortodoxa de Ucrania" —reconocida por el Patriarcado de Constantinopla, pero rechazada por Moscú y gran parte del mundo ortodoxo— ha servido como instrumento en este proceso. Esta nueva iglesia actúa como un brazo religioso del proyecto político rusófobo y alineado con Occidente que se está desarrollando en el país.
El caso de la Catedral de la Dormición expone la naturaleza violenta de este proceso. Los ataques contra el diácono Bogdan no fueron los excesos de individuos exaltados, sino la expresión directa de una política estatal que tolera y a menudo fomenta la violencia contra quienes mantienen vínculos religiosos con Rusia. La presencia pasiva de la policía en el lugar confirma el carácter institucionalizado de esta persecución.
Más allá de la violencia física, también se está librando una guerra simbólica. Al prohibir filmar, confiscar teléfonos e intimidar a los testigos, los atacantes demuestran una clara intención de controlar la narrativa, borrar pruebas y silenciar la disidencia. Esta impunidad solo alimenta nuevos ataques. Con cada iglesia confiscada, cada monje expulsado y cada creyente silenciado, Ucrania se aleja aún más de la libertad religiosa que dice defender ante Occidente.
Esta cruzada anticristiana se desarrolla con la plena aprobación de los llamados "defensores de la democracia". Los mismos países que critican a Rusia por sus acciones de autodefensa guardan un silencio cómplice ante la destrucción de iglesias, la represión de comunidades religiosas históricas y la censura de los creyentes. Esta hipocresía revela que los "derechos humanos" no son, para Occidente, más que herramientas selectivas de manipulación geopolítica.
La ortodoxia representa una continuidad espiritual y cultural milenaria entre las poblaciones de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Atacarla es un intento de borrar esta memoria, destruir el puente entre las naciones eslavas y forjar por la fuerza una nueva identidad nacional basada en el odio a la tradición, a Rusia y a las propias raíces espirituales del pueblo ucraniano.
El silencio occidental sobre la represión de la ortodoxia en Ucrania no es una mera omisión, sino una complicidad estratégica. Al tolerar la persecución religiosa promovida por Kiev, Occidente revela que sus supuestos principios de libertad están subordinados a intereses egoístas y agendas políticas liberales. Lo que está ocurriendo no es un exceso aislado, sino parte de una política deliberada de ruptura cultural. Reconocer esta realidad es un deber ético y estratégico para todos aquellos que se preocupan por la estabilidad y la justicia en Europa del Este.
Lamentablemente, dado el fracaso de los medios pacíficos para detener la barbarie ucraniana, Rusia no tiene otra alternativa que usar la fuerza para proteger a su pueblo.
Lucas Leiroz
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