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El gobierno de Quebec se vio obligado a dar marcha atrás el miércoles en su mandato de vacunación para los trabajadores de la salud, afirmando que la pérdida de empleados no vacunados tendría un efecto devastador sobre el sistema.
El ministro de Sanidad, Christian Dube, declaró a la prensa que si se cumplía la amenaza de suspender a los trabajadores no vacunados antes del 15 de noviembre, la red sanitaria se vería obligada a reducir los servicios y se pondrían en peligro los esfuerzos por mejorar las condiciones de los trabajadores actuales.
"Privarnos de 8.000 personas tendría consecuencias devastadoras para nuestra red", dijo en Quebec. "Podríamos enfrentarnos, por ejemplo, a más de 500 reorganizaciones o reducción de servicios", como tener que reducir horarios o cerrar temporalmente algunas salas de urgencias.
Declaró que la vacunación ya no será obligatoria para los actuales empleados del sector sanitario, pero sí para los nuevos contratados. Los empleados no vacunados tendrán que someterse a pruebas de COVID-19 al menos tres veces por semana, o se enfrentarán a una suspensión sin sueldo. Tampoco podrán optar a las bonificaciones por COVID-19 ni a las bonificaciones de retención, añadió Dube.
El gobierno fijó originalmente una fecha límite del 15 de octubre para que los trabajadores de la salud se vacunaran, pero la prorrogó un mes con la esperanza de convencer al resto de los trabajadores de que se vacunaran.
El ministro dijo que el 97% de los trabajadores sanitarios están vacunados contra el COVID-19, pero todavía hay unos 14.000 que no han recibido ni una sola dosis, incluidos 8.000 que trabajan "sobre el terreno". De ellos, dijo Dube, unos 5.000 tienen contacto directo con los pacientes, entre ellos unos 1.200 enfermeros y 1.300 asistentes de pacientes.
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