El tribunal de Weimar (Alemania) ha dictaminado que las restricciones de contacto impuestas en el marco de Covid-19 son inconstitucionales

Publié par Contra información sur 24 Janvier 2021, 17:54pm

Las acciones judiciales y las sentencias de los tribunales se suman un poco por todo el mundo. Por ejemplo, el Juzgado de Roma ha declarado la plena ilegalidad de los decretos ministeriales del Presidente del Consejo de Ministros Giuseppe Conte y su gobierno. Seis días después, el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina determinó que la medida que restringe la circulación y el uso de máscaras durante una pandemia de coronavirus constituye una violación de los derechos humanos fundamentales. En Perú, la Sala Penal Superior de Apelaciones de Chincha y Pisco afirmó en una resolución que el Covid-19 era un invento de las "élites criminales del mundo" integradas, según los jueces de ese tribunal, por multimillonarios como George Soros, la familia Rockefeller y el empresario Bill Gates. Esto está lejos de ser insignificante.

En Francia, el Sr. Carlo Alberto Brusa, Presidente del bufete CAB Associés y de la asociación Réaction 19, presentó una denuncia penal relativa a las vacunas COVID-19 ante el Fiscal de la República en el Tribunal de Justicia de París, con el número 20351000746.

En Canadá, se ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de la Columbia Británica contra las restricciones a las protestas públicas y a los servicios de culto derivadas de las órdenes de salud pública emitidas por el Director Médico de la Columbia Británica. También se ha presentado un requerimiento judicial ante el Tribunal de Queen's Bench contra el Gobierno de Alberta para poner fin a la violación de las libertades de la Carta de los albertinos. Lo mismo ocurre en Manitoba, donde se ha interpuesto una acción judicial ante el Tribunal de Queen's Bench para impugnar los artículos de la Ley sobre la salud pública y las disposiciones de sanidad pública emitidas por el responsable de la salud pública de Manitoba para poner fin a la violación de las libertades de la Carta de los manitobenses.

En Quebec, los abogados Jean-Félix Racicot y Guylaine Lacerte presentaron una demanda judicial en nombre de Entrepreneurs en Action du Québec (EAQ) contra el gobierno de François Legault en la que pedían, entre otras cosas, la nulidad de los decretos que declaraban la emergencia sanitaria en Quebec. Además, un abogado de Gatineau, Me William Desrochers, también ha presentado un recurso de revisión judicial ante el Tribunal Superior de Quebec para impugnar el toque de queda impuesto en el contexto de la crisis sanitaria.

Ahora ha sido el turno del tribunal de distrito de Weimar (Alemania) dictaminar que las restricciones de contacto impuestas en nombre de la lucha contra el Covid-19 son inconstitucionales y nulas.

El Tribunal de Distrito de Weimar y la Epidemiología

El tribunal de distrito de Weimar, Alemania, absolvió a una persona que celebraba un cumpleaños en abril de 2020 con al menos otras siete personas de un total de siete hogares en un patio trasero (sentencia de 11.01.2021 - 6 OWi-523 Js 202518/20). Según la Ordenanza de las medidas de confinamiento de Turingia Sars-CoV-2, sólo se habría permitido un invitado de otro hogar, pero esta ordenanza es formal y materialmente inconstitucional.

Según la sanción administrativa, la celebración en el patio trasero infringió la prohibición de contacto en virtud del artículo 2, apartado 1, y del artículo 3, apartado 1, del 3er Reglamento de Medición de ThürSARS-CoV-2 en la versión del 23 de abril de 2020.

El tribunal consideró la reglamentación inconstitucional por una serie de razones y con motivos detallados. La orden es nula porque, según la Ley Fundamental, no era el ejecutivo el responsable de una disposición de tanto alcance, sino el legislativo. Después de la Wesentlichkeitslehre, el poder legislativo debe reunirse en los ámbitos del derecho fundamental y ejercer todas las decisiones importantes por sí mismo y no debe hacerlo al delegado del ejecutivo (BVerfGE 142, 1 (109); BVerfGE 98, 218 (251); BVerfGE 116, 24 (58)).

Cuanto más interviene un acto jurídico del ejecutivo en los derechos fundamentales, más precisa debe ser, según el tribunal, la regulación de la ley de habilitación. El artículo 28 (1), frase 2, de la IfSG, que aún no se había reformado en el momento del reglamento, sólo podía incluir medidas individuales, como el cierre de los establecimientos de baño individuales mencionados en el artículo 28 (1), frase 2, de la IfSG, pero no una prohibición general de contacto.

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