Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Le blog de Contra información


Coronavirus: el regreso al estado de derecho es una emergencia absoluta

Publié par Contra información sur 21 Octobre 2020, 08:15am

Coronavirus: el regreso al estado de derecho es una emergencia absoluta

Cuando una crisis persiste, y además parece condenada a durar muchos meses más, el régimen de emergencia que posiblemente pudo justificarse al principio, debe desaparecer imperativamente, en favor de una política democrática basada en estrategias a medio y largo plazo.

Una opinión de Sebastian Kaisergruber, abogado. Este texto está firmado por personalidades del mundo de la justicia. Encontrarás todos los firmantes al final del artículo.

No se puede reprochar a los gobiernos que se enfrentan a una situación excepcional que establezcan medidas excepcionales, a fortiori si éstas son proporcionales en relación a los intereses que se han de proteger. El imperio de la ley se adapta a las circunstancias, y éstas requieren a veces, por falta de tiempo o de información, que se tome una u otra decisión de manera urgente o incluso apresurada.

Sin embargo, cuando una crisis se prolonga, y además parece destinada a durar muchos meses más, es imperativo que desaparezca el régimen excepcional que posiblemente podría justificarse en un principio, en favor de una política democrática basada en estrategias a medio y largo plazo.

Nuestra Constitución garantiza el principio de la separación de poderes entre el Parlamento, que es responsable de la aprobación de las leyes, y el Gobierno, que es responsable de su aplicación. Sólo las asambleas elegidas representan a la Nación y, como tales, gozan de legitimidad democrática para elaborar las normas de derecho a las que deben atenerse los ciudadanos. Por su parte, el Gobierno sólo actúa en el marco de la confianza depositada en él por las asambleas elegidas y no tiene otra facultad que la de ejecutar las leyes, sin estar nunca autorizado a crear otras nuevas (artículos 33, 105 y 108 de la Constitución).

Estos principios posiblemente ser modificados cuando, por circunstancias inéditas que requieran una reacción rápida y puntual, el Poder Legislativo encomienda al Poder Ejecutivo "poderes especiales", permitiéndole únicamente promulgar,  nuevas normas por un período de tiempo. tiempo limitado.

Lo que sucede es altamente criticable.

Los Parlamentos federales y las entidades federadas han confiado así a sus gobiernos, por un período limitado de marzo a junio de este año, con tales poderes  para combatir contra la propagación del coronavirus. Si bien la constitucionalidad de este procedimiento podría eventualmente ser discutida, lo que sucedió posteriormente es sin embargo bastante criticable.

En efecto, al término del período de los poderes especiales -que no han sido renovados- los gobiernos de los distintos niveles de poder, de manera totalmente desinhibida y en la más absoluta indiferencia general, han mantenido el régimen de excepción que, sin embargo, sus Parlamentos sólo toleraron durante un período limitado.

Así, desde finales de junio, el ejecutivo viene promulgado, semana tras semana, nuevas normas con el fin de perseguir objetivos ciertamente legítimos pero cuya constitucionalidad es dudosa.

Por citar sólo  algunos ejemplos, mencionaremos, de forma no exhaustiva, la prohibición de contactos estrechos, la prohibición de viajar a determinados países identificados como de riesgo sin que esté claro sobre qué base, la obligación generalizada de llevar la máscara en Bruselas, la obligación para los profesores y los alumnos de secundaria de llevar la máscara en clase, la obligación para los clientes de los restaurantes de proporcionar sus datos personales, la limitación de los horarios de apertura de los bares y restaurantes, o el cierre completo de los bares y cafés de Bruselas durante un mes.

Estas medidas, y otras, sólo proceden de simples decretos o circulares, adoptados por un solo ministro (o más recientemente por un solo alcalde o un solo gobernador de Provincia), sin haber sido formalmente habilitado para ello por las asambleas elegidas, y sin haber solicitado el dictamen previo de la Sección de Legislación del Consejo de Estado, cuando tal formalidad es impuesta por la ley (Artículo 3 de las leyes coordinadas sobre el Consejo de Estado del 12 de enero de 1973).

Una clara violación de los principios básicos de nuestro sistema democrático

Los firmantes de este texto no tienen las competencias requeridas para determinar la necesidad y la validez de tales medidas desde el punto de vista científico.  Sin embargo, no hay justificación para que tales medidas se adopten en clara violación de los principios básicos de nuestro sistema democrático. Esto es así tanto más cuanto que se violan de manera grave e irremediable derechos fundamentales como el derecho al respeto de la vida privada (artículos 22 y 24 de la Constitución), el derecho a la educación, la libertad de circulación (artículo 2 del Protocolo Nº 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales), el derecho a la libertad individual (artículo 12 de la Constitución) o incluso la libertad de empresa (Decreto Allarde de 2 y 17 de marzo de 1791). Sin embargo, la Constitución garantiza el respeto de esos derechos, especificando que no pueden ser infringidos salvo por la ley o bajo la autoridad de ésta. También garantiza el principio de que no puede establecerse ni aplicarse ninguna pena salvo en virtud de la ley (artículo 14 de la Constitución), principio que aparentemente no ha sido tenido en cuenta por el Colegio de Fiscales, que se considera erróneamente competente para procesar penalmente  a las personas que incumplen las medidas mencionadas.

Igualmente problemático es que estas medidas se basan en informes de expertos, de los cuales se sabe que algunos están clasificados como confidenciales. Sin embargo, el libre acceso a los documentos administrativos también está garantizado constitucionalmente (artículo 32 de la Constitución). Además, el principio de seguridad jurídica, que exige, entre otras cosas, que el estado de derecho sea claro y previsible, se ve constantemente socavado por la adopción recurrente, sin consulta entre los diferentes niveles de poder, de medidas siempre cambiantes.

Para decretos ministeriales sujetos al dictamen previo de la Sección de Legislación del Consejo de Estado

Algunos podrían haber pensado que el mantenimiento del estado de emergencia que se suponía que iba a desaparecer a finales de junio, era el resultado de la ausencia de un gobierno federal en regla. Sin embargo, a pesar de la investidura del gobierno de De Croo, se adoptaron de nuevo otras medidas, como nuevas restricciones a los contactos estrechos y toques de queda en algunas localidades, en violación de la Constitución.

Algunos argumentarán también que la emergencia sigue presente o ha resurgido, que la situación sanitaria sigue siendo inestable y que la gestión cotidiana de la crisis sigue siendo necesaria, lo que justifica la continuación, por un período de tiempo indefinido, del mecanismo de excepción iniciado en marzo.

Sin embargo, la situación actual, por muy delicada que sea, no impide que los parlamentos voten en pocos días una ley marco que confiera formalmente a su gobierno la facultad de adoptar medidas para combatir la propagación del virus, definiendo al mismo tiempo los límites de poder otorgados. Tampoco impide que las decretos ministeriales que se adopten en este marco se sometan al dictamen previo de la Sección de Legislación del Consejo de Estado, que puede emitir su análisis jurídico en un plazo de sólo cinco días, o incluso menos. Ciertamente no impide que los informes de los expertos en los que se basan las medidas adoptadas estén disponibles gratuitamente para su consulta por los ciudadanos a fin de facilitar su comprensión.

Por último, nada justifica la tendencia de algunos políticos a escudarse en las recomendaciones de los expertos -que no parecen unánimes a este respecto- para justificar sus decisiones. Estos expertos, a diferencia de los gobiernos, no son responsables ante el Parlamento, y por lo tanto ante el ciudadano.

Los daños colaterales resultantes de las medidas anticoronavirus son ciertos, y es inaceptable que resulten de la adopción de decisiones manifiestamente inconstitucionales.

Por consiguiente, es sumamente urgente que se restablezca el imperio de la ley.

Lista completa de co-firmantes

Traducción de LaLibre.be por VerdadyPaciencia

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents