Es el abogado de un habitante de Angers, condenado el pasado septiembre a dos años de prisión, por este delito, quien había presentado una pregunta prioritaria de constitucionalidad. Estimaba que el texto de ley incriminado no decía nada sobre a partir de qué frecuencia de consulta era delito y que introducía una “presunción de mala fe” deducida de la sola consulta.
El consejo considera que la cosnulta habitual de dichas páginas debería ir acompañada de una manifestación de adhesión a la ideología expresada en estas páginas web, y que el estado tiene un arsenal legislativo para luchar contra el terrorismo.
La consulta de esas páginas no implica compartir las ideas que transmiten, ni las personas que accedan a ellas lo hagan con el objetivo de cometer atentados.
